_____________________________________________________
“No somos flores, somos fuego: somos las mujeres de Chhattisgarh”.
Esta es la consigna de las mujeres que han estado al frente de las protestas anuales en el estado de Chhattisgarh, que alberga una de las regiones con mayor biodiversidad del país. Desde principios de la década de los 90, las minas de carbón, las centrales eléctricas, los lavaderos y los vertederos de cenizas de carbón han surgido alrededor de sus comunidades y como resultado los bosques de los que dependen han sido talados, los cultivos y el suelo se han vuelto negros a causa del polvo y los hogares se han llenado de vapores de carbón fétidos.
La tierra que alguna vez estuvo cubierta por bosques ahora ha sido seccionada y puesta en venta. Se ha vuelto un paisaje lunar desnudo y sin luz que retumba con los sonidos de los camiones que cargan, arrojan y transportan carbón más allá de los edificios ennegrecidos al borde de la carretera de Gare Village en Raigarh, el corazón del distrito carbonífero de Chhattisgarh.
Algunas aldeas en la zona se encuentran a solo 80 metros de las vetas humeantes de carbón y los sitios de detonación. “Esta es un área dominada por los [indígenas] adivasi”, dice Savita Rath, activista de derechos humanos por la organización comunitaria Jan Chetna Manch, que también forma parte de la red de la Alianza Global por la Acción Verde y de Género (GAGGA). “Los adivasi se ganan la vida aquí principalmente de tres maneras: agricultura, conservación de bosques y cría de animales. Las tres actividades se han visto afectadas”.
Diecinueve distritos de Chhattisgarh, incluidas algunas partes de Raigarh, están cubiertos por la Ley de Panchayat de Extensión a las Áreas Tribales (PESA por sus siglas en inglés), una ley nacional destinada a extender el autogobierno a las áreas tribales y proteger sus derechos sobre la tierra, el agua y los bosques.
Una serie de leyes nacionales e internacionales de derechos humanos requieren que las autoridades indias consulten y, en algunos casos, obtengan el consentimiento de las comunidades adivasi a través de asambleas generales o Gram Sabhas antes de adquirir tierras o emprender proyectos de minería, pero estos requisitos se incumplen con frecuencia debido a la falta de observancia y a leyes frágiles y contradictorias. Además, las discusiones y transacciones relacionadas con los recursos y las tierras tradicionales tienen lugar entre el patriarca de la familia y los representantes estatales o corporativos, mientras que las mujeres adivasi son excluidas.
El sector del carbón es una fuente importante de ingresos para los estados y el gobierno central de la India. Uno tras otro, proyectos gubernamentales a gran escala y empresas privadas como el Grupo Adani han adquirido tierras en Chhattisgarh por la fuerza. Dichos grupos también han prometido desarrollo —mejores oportunidades de subsistencia, educación e instalaciones de salud—, pero no han informado o consultado seriamente a las comunidades locales. En cambio, las violaciones de los derechos de consulta y consentimiento de las comunidades adivasi en torno a la adquisición y el uso de la tierra, los impactos ambientales y el autogobierno indígena, han afectado gravemente sus vidas, medios de sustento y relaciones con sus bosques.
Aproximadamente el setenta por ciento del carbón de la India se encuentra en Jharkhand y Odisha, estados ubicados en el centro-este de Chhattisgarh, donde vive casi una cuarta parte de la población adivasi de la India. El doce por ciento de los bosques de la India se encuentran en Chhattisgarh y su distrito de Raigarh es especialmente rico en reservas de carbón. De hecho, con diecisiete minas de carbón y trece centrales térmicas, ha sido un punto clave para la generación de energía desde finales de los 90.
Este año, el gobierno puso en marcha la mayor subasta comercial de minas de carbón en la historia del país para atraer inversiones y así impulsar la recuperación de las consecuencias económicas a causa de la pandemia del COVID-19. La India también está retrasando la implementación de regulaciones anticontaminación para plantas de carbón, mientras permite que algunas de sus plantas más antiguas y contaminantes permanezcan abiertas. Esto hace que sea el segundo país que más produce y consume carbón en el mundo, y el tercer mayor emisor de gases de efecto invernadero. El carbón proporciona alrededor del sesenta y cinco por ciento de la electricidad del país.
La India experimentó lluvias monzónicas más irregulares este año y los expertos aseguran que las lluvias intensas se han triplicado desde 1950. Sin embargo, los niveles totales de precipitación han disminuido al menos un mes al año.
Savita Rath cuenta que la temporada de monzones se había retrasado y temían que, si la lluvia no caía a tiempo, las cosechas de las comunidades fracasarían. Además de estas tensiones climáticas, los impactos más directos de las minas de carbón locales han reducido drásticamente el rendimiento de los cultivos y productos forestales de los que dependen las comunidades para su sustento y para celebrar matrimonios y festividades. Las mujeres locales desempeñan un papel importante, aunque por lo general invisible y no remunerado, en estas actividades. A medida que pierden el acceso a sus tierras y a los recursos, hay más presión para que trabajen como jornaleras. Es alarmante también que muchas mujeres sufren acoso sexual por parte de los mineros que han venido de otras partes del país.
Debido al fallo por parte los organismos ambientales locales, una aldea tuvo que publicar un informe que evaluaba sus propios impactos en la salud. El informe encontró que el aire, el agua y el suelo de las aldeas cercanas a las minas estaban gravemente contaminados con metales pesados tóxicos, muchos de los cuales han sido identificados como agentes cancerígenos. Las personas de las comunidades locales reportan que varios residentes han muerto de enfermedades respiratorias y muchos han desarrollado otros problemas de salud.
Raigarh, que alguna vez fue rico en recursos hídricos, también se enfrenta a una grave crisis de agua. El río Kero, del que dependen 250 aldeas y que es parte de la red de ríos y arroyos que sustentan los bosques, está tan contaminado por los desechos mineros que se ha vuelto negro. De las 116 aldeas en el bloque de Tamnar, al menos noventa enfrentan un agotamiento severo de aguas subterráneas.
La organización de Savita, Jan Chetna Manch, apoya directamente a las comunidades adivasi con capacitaciones, movilizaciones y concientización sobre sus derechos constitucionales, cuestiones de salud ocupacional, derechos forestales y derechos a los medios de subsistencia, incluida la campaña por el derecho de la mujer al empleo, la rehabilitación y el derecho a decir “no”.
Savita también pertenece a Mujeres en Acción contra la Minería en Asia, una red colaborativa de mujeres afectadas por la minería y organizaciones de la sociedad civil de Asia que trabajan por los derechos de las mujeres indígenas en áreas mineras (muchas de las cuales también son copartes de GAGGA), donde comparte casos de violaciones de derechos en su región.
Además de mantener diálogos constantes con el gobierno y utilizar las redes sociales, los medios de comunicación tradicionales, las audiencias públicas y otras herramientas de defensa legal en su activismo, Savita también ha desempeñado un papel importante en el establecimiento de la Koyla Satyagraha, una protesta pacífica anual en la que participan cientos de habitantes de Raigarh para reclamar su derecho a tomar decisiones sobre sus tierras y bosques, y en contra de la minería insostenible. Las mujeres especialmente viajan largas distancias y se presentan en gran número para participar. Estas protestas se inspiraron en la filosofía del movimiento no violento de Mahatma Gandhi contra el dominio colonial británico.
La Koyla Satyagraha en Raigarh comenzó en enero de 2008 cuando la empresa Jindal Steel and Power celebró una audiencia pública —un requisito clave para obtener autorizaciones medioambientales— sobre su propuesta de adquirir 1,200 acres y cinco aldeas para un proyecto de minería. Estas áreas incluían un lugar de carácter religioso, un crematorio, un estanque y el camino principal de una de las aldeas.
Las comunidades afectadas no tenían conocimiento previo de la audiencia y las autoridades del distrito trajeron a personas de afuera a participar en procedimientos fraudulentos que no siguieron las reglas, lo que llevó a los residentes locales a protestar. La policía cargó contra la multitud y se estima que dejó veintidós personas gravemente lesionadas y hasta 200 personas heridas.
El liderazgo de las mujeres, que desempeñaron un papel clave en la movilización de sus comunidades, es una de las fuentes de fortaleza de este movimiento. Las habitantes de las aldeas que se verían afectadas por las nuevas subastas para minas de carbón, participaron en talleres de fortalecimiento de capacidades que cubrieron los aspectos técnicos de las Evaluaciones de Impacto Ambiental, la Ley de Derechos Forestales, la Ley de Derecho a la Información y las Fundaciones Distritales de Minerales, cuyo propósito es dirigir un porcentaje de los ingresos de la minería a las comunidades que afecta.
De acuerdo con la Ley PESA, en las áreas tribales todas las personas mayores de dieciocho años deben dar su consentimiento para que un proyecto de desarrollo avance en su aldea. Los impactos negativos de la minería del carbón que experimentaron las mujeres que vivían cerca hicieron que se mantuvieran firmes al decir “no” a las nuevas minas.
A pesar del informe de Evaluación de Impacto Ambiental viciado, Jindal Steel and Power recibió la autorización ambiental que necesitaban. Sin embargo, Jan Chetna presentó una petición junto con otras organizaciones, lo que culminó con la anulación de la asignación de 214 minas de carbón privadas por orden de la Corte Suprema de Justicia de la India, que declaró también que todo el proceso a través del cual se entregaron bloques de carbón a actores privados había sido arbitrario e ilegal.
Hoy, Savita y sus compañeras activistas siguen dialogando con el gobierno para que dé respuesta a las afectaciones provocadas por la minería del carbón, pero también están dirigiendo sus esfuerzos hacia la regeneración de sus tierras a través de viveros, plantando árboles, recolectando semillas, mejorando su conocimiento legal y técnico de las comunidades locales, cabildeando al gobierno sobre acciones para abordar el cambio climático, promoviendo alternativas locales para la acción climática y haciendo valer sus derechos constitucionales y consuetudinarios sobre sus tierras y bosques.
Foto de arriba de Makarand Purohit con licencia CC BY-NC-SA 2.0.