¿Cómo sería un sistema de energía limpio y justo? Existen muchas posibilidades interesantes, pero hay un par de cosas que sabemos con certeza: No conllevaría a la destrucción total de un ecosistema fluvial, no implicaría quitarle la tierra, el agua y los medios de subsistencia a las mujeres y desplazarlas forzosamente, y no significa cortar los lazos espirituales de una comunidad con sus territorios ancestrales. Sin embargo, esto es exactamente lo que sucede cuando se construyen centrales hidroeléctricas a gran escala.
Las grandes represas no son solamente destructivas y contaminantes, sino también profundamente injustas, especialmente para las mujeres de las comunidades directamente afectadas. Las mujeres a menudo se encargan de procurar alimentos, agua y energía para sus familias. Cómo y dónde se obtienen estos recursos, al igual que su calidad, puede afectar seriamente la vida diaria de las mujeres, sin mencionar su salud y bienestar a largo plazo; si es que pueden obtener dichos recursos del todo.
Las grandes represas pueden reducir o destruir los suministros locales de alimentos y agua, entre otras cosas, lo que obliga a las mujeres a buscar nuevos lugares donde conseguirlos y, en casos extremos, hasta fuerza a las comunidades a reubicarse. A esta inversión extra de tiempo y esfuerzo por parte de las mujeres debemos sumar el incremento de los riesgos a los que se enfrentan, como ocurre cuando se ven en la necesidad de viajar más lejos, volviéndose más susceptibles a ser víctimas de abuso sexual. Con el desplazamiento forzado, el desarraigo se vuelve una gran carga para las mujeres dada la responsabilidad que sienten de garantizar la supervivencia de sus familias, especialmente sus niñas y niños, en un entorno desconocido. Mientras tanto, la electricidad generada por las represas a gran escala fluye principalmente a las industrias y a las poblaciones urbanas, a veces pasando por alto a las mujeres locales y sus comunidades.
En todo el mundo, las mujeres están a la vanguardia de la lucha contra la destructiva energía hidroeléctrica a gran escala. La Global Alliance for Green and Gender Action (GAGGA) las apoya en su lucha para que sus demandas sean escuchadas y respetadas por las autoridades, incluidas las instituciones financieras de desarrollo como el Banco Mundial y los bancos regionales de desarrollo. Acá destacamos dos casos: la lucha de las mujeres en la República Democrática del Congo (RDC) contra la represa INGA 3 y la lucha de las mujeres en Guatemala contra los proyectos hidroeléctricos Pojom II y San Andrés.
Represas en la RDC: Las mujeres ya no están en la oscuridad
En las décadas de 1970 y 1980, se invirtieron millones de dólares en dos grandes represas hidroeléctricas en el río Congo conocidas como INGA 1 y 2. En aquel momento se prometió que las represas proporcionarían un mayor acceso a la energía a las personas en la RDC. Sin embargo, unos cincuenta años después, menos del 10% de los ciudadanos del país tienen acceso a electricidad. El 85% de la energía generada por las represas se destina a consumidores de alto voltaje, principalmente industrias, y las comunidades desplazadas continúan luchando para conseguir oportunidades económicas y algún tipo de justicia—muchas viven aún sin electricidad. A pesar de este historial tan atroz, el gobierno de la RDC está planeando más represas y buscando financiamiento para la construcción de INGA 3.
Maggie Mapondera, de la African Gender and Extractives Alliance (WoMin), explica: “Le llaman el ‘Gran Proyecto INGA’ porque se supone que significará un desarrollo masivo que eventualmente—y este es el lenguaje utilizado por el African Development Bank —‘iluminará África.’ Están vendiendo una noción de desarrollo que se supone que llevará a África al próximo milenio”.
Para más información sobre el INGA 3, lea más aquí.
Como parte de GAGGA, WoMin apoya a mujeres y comunidades en África que luchan contra grandes infraestructuras o proyectos extractivos, incluidas las centrales hidroeléctricas y de carbón, y las minas. WoMin está activa en la RDC y otros 10 países, incluidos Burkina Faso, Kenia, Madagascar, Mozambique, Nigeria, Senegal, Sierra Leona, Sudáfrica, Uganda y Zimbabue.
WoMin ha unido fuerzas con la organización congoleña Femmes Solidaires (FESO) e International Rivers para apoyar a las mujeres locales amenazadas por INGA 3. FESO trabaja directamente con mujeres que viven cerca del río, en Matadi y algunas otras ciudades. Salomé Elolo de FESO explica que la misión del grupo es construir un movimiento de mujeres enfocadas en el río Congo y su protección. Con ese fin, FESO ha creado Solidarité des Femmes sur le Fleuve Congo (SOFLECO), una asociación compuesta por varios grupos de mujeres locales en las provincias y territorios que han sido o serán potencialmente afectados por INGA. “Ya tenemos seis grupos SOFLECO”, dice Salomé. “Vamos a las comunidades y explicamos las consecuencias de INGA 1 y 2, construimos alianzas y hacemos incidencia, manifestaciones y cabildeo tanto a nivel nacional como internacional”.
Salomé: “Como consecuencia de INGA 1 y 2, el agua río abajo ha disminuido y la gente ha tenido que ser reubicada. Aunque sus opiniones no fueron tomadas en cuenta durante e incluso después de la construcción, las mujeres fueron las más afectadas. Ellas son las que más usan el agua, ya que tradicionalmente se les ha delegado en sus familias la responsabilidad de conseguir agua y comida. Después de la reubicación, las mujeres se vieron obligadas a caminar distancias más largas para obtener agua limpia y trabajar más para producir la misma cantidad de alimentos en tierras más marginales. Con INGA 3, estas mujeres y sus comunidades se verán privadas (nuevamente) de sus medios de subsistencia, incluidas las tierras cultivables, el agua del río, la caza, la pesca, los cultivos frutales, sus tierras ancestrales y su disfrute cultural. Serán desalojadas de sus tierras y trasladadas a un lugar aún desconocido. Además, con la construcción de la presa, muchas personas, especialmente las mujeres, temen una gran afluencia de trabajadores que puede afectar la seguridad de las mujeres y las niñas en las comunidades”.
FESO, WoMin e International Rivers han trabajado conjuntamente para fortalecer la capacidad de las mujeres locales para llevar a cabo labores de incidencia y defender eficazmente sus derechos. Estas mujeres han aprendido sobre los actores y los flujos financieros pertinentes, así como los instrumentos y mecanismos regionales e internacionales disponibles para proteger los derechos de las comunidades locales, los pueblos indígenas y las mujeres. Maggie de WoMin explica la importancia de esta información, dado que también hay dinero español y chino involucrado en INGA. Es sumamente importante, dice que “las personas puedan identificar al enemigo y organizarse en diferentes niveles contra él”. WoMin ha llevado a las mujeres locales a sus escuelas feministas regionales y a capacitaciones de investigación participativa feminista, para que desarrollen sus habilidades para contar sus propias historias, realicen investigaciones de campo y desarrollen las capacidades políticas necesarias para desafiar al proyecto INGA.
WoMin e International Rivers también están trabajando en solidariamente con aliados en la República Democrática del Congo y las comunidades directamente afectadas por el proyecto para desafiar al gobierno sudafricano, instando al parlamento del país a examinar de cerca la viabilidad y los riesgos del proyecto para posteriormente retirarle los fondos.
Para obtener más información sobre esta labor de incidencia, haga clic aquí y aquí.
Todavía es posible bloquear la construcción de INGA 3. A través de la movilización continua de mujeres, con el apoyo de GAGGA, las comunidades afectadas, y especialmente las mujeres, están cada vez más conscientes de que INGA 3 no es necesaria y representará un daño directo para sus modos de subsistencia. Esta movilización y sensibilización de las comunidades locales claramente ha contribuido a que INGA 3 aún no se haya construido.
Para las comunidades de la microrregión Ixquisis en Guatemala, la vida era tranquila antes de que comenzaran los proyectos hidroeléctricos Pojom II y San Andrés. “Ahora es todo lo contrario”, dice Carla, una mujer indígena Maya Chuj. “No podemos salir y estar seguros, no tenemos esa libertad debido a la presencia de la compañía . . . Vinieron a nuestras comunidades con mentiras, diciendo que traerían desarrollo y eso era falso”. Todo lo que han hecho es destruir nuestros recursos naturales”. Carla (su nombre ha sido cambiado para proteger su seguridad) pertenece a una de las diez comunidades que conforman la microrregión Ixquisis, que son parte de un grupo más grande que defiende su territorio contra la amenaza de las represas.
La aprobación de los préstamos y el inicio de la construcción de las represas ha llevado a la interrupción de las formas de vida de las comunidades, así como a su constante hostigamiento y militarización. “Sentimos una gran tristeza, dolor y miedo por lo que está sucediendo en nuestro territorio. El ejército y las fuerzas policiales cuidan de estas empresas, en lugar de velar por los ciudadanos guatemaltecos. Si no estuvieran en nuestro territorio, todo volvería a la normalidad”, dice Carla. “Hemos sufrido directamente amenazas, burlas, abusos y discriminación por parte de la policía, el ejército y la seguridad privada de la empresa. Como mujeres, nos han tratado como si fuéramos animales irracionales y salvajes”.
La construcción de las represas ya ha causado graves daños ambientales, como por ejemplo la escasez de agua y la contaminación que han afectado la capacidad de la población local para pescar, cultivar alimentos y mantener su estilo de vida tradicional. Las personas afectadas de la región de Ixquisis son principalmente mayas, incluidos los grupos étnicos Chu, Q’anjob’al y Akateko. Por seis años ya, las comunidades mayas afectadas y sus organizaciones aliadas han expresado su rechazo hacia las represas a las autoridades municipales, departamentales y nacionales.
A través de GAGGA, el grupo de abogados ambientales latinoamericanos AIDA está apoyando a las mujeres de Ixquisis en su crucial trabajo para defender sus derechos. “Generalmente trabajamos con organizaciones locales de abogados que lideran disputas legales o quieren presentar casos en los que se debaten elementos del derecho humano a un medio ambiente saludable, o casos que tengan que ver con ecosistemas sensibles que están siendo afectados. Nuestra política institucional es trabajar muy de cerca con [organizaciones locales] y apoyarlas en el fortalecimiento de su estrategia legal y también facilitar su cobertura mediática”, dice Liliana Ávila, abogada principal de AIDA. Una estrategia clave es apoyar a las comunidades para que utilicen los mecanismos de rendición de cuentas de las instituciones financieras internacionales, que son, después de todo, los financiadores clave de los grandes proyectos hidroeléctricos.
Como parte de GAGGA, AIDA trabaja para resaltar los impactos en las mujeres de los proyectos de desarrollo mal planificados y poner los derechos de las mujeres en primer plano en el trabajo de defensa ambiental. Con este fin, en agosto de 2018, AIDA se unió a la Plataforma Internacional contra la Impunidad y al Gobierno Ancestral Plurinacional de Q’anjob’al, Popti, Chuj y Akateko para apoyar a las mujeres de Ixquisis a presentar una queja ante el Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación (conocido como el MICI) del Banco Interamericano de Desarrollo. La queja insta al BID a retirar su inversión en las represas (que asciende a casi 15 millones de dólares) puesto que éstas no cumplen con los estándares definidos por el propio banco.
La queja es única. No sólo está formulada con una perspectiva de género—es decir, analiza específicamente cómo se ven especialmente afectadas las mujeres por los hidroproyectos a gran escala—sino que también responsabiliza al banco por violar su propia política de género. Esto a menudo se deja de lado en las quejas a los bancos de desarrollo, las que generalmente no van más allá de los impactos ambientales y sociales a nivel comunitario.
Dando un primer paso positivo, el MICI ha aceptado formalmente la queja y está llevando a cabo una investigación exhaustiva sobre las presuntas violaciones de su política interna; la investigación incluye una visita a Guatemala programada para fines de 2019. Aunque no se espera la publicación de los hallazgos del MICI hasta 2020, el hecho de que la investigación se esté llevando a cabo ya es un logro que podría sentar un precedente importante. AIDA espera que la investigación independiente afirme el contenido de la queja y conduzca a un mejor cumplimiento por parte del Banco Interamericano de Desarrollo de sus propias políticas de género, sociales y ambientales. Una mejor implementación de estas políticas fortalecería las protecciones para las mujeres y mejoraría la sostenibilidad de las inversiones del BID en general.
“No queremos represas. Queremos vivir en un ambiente libre de contaminación. Queremos que nuestro territorio sea libre”, dice Carla. El apoyo de AIDA ha permitido a las mujeres comprender dónde encaja su lucha en un contexto más amplio—que incluye el papel clave de las instituciones financieras internacionales—y también ha fortalecido su activismo como mujeres. “Hemos aprendido, gracias a las organizaciones que nos han apoyado en esta lucha, a crear un espacio para nosotras mismas como mujeres”.
El proceso de presentar la queja también ha sido una experiencia de aprendizaje valiosa para AIDA, que ha aumentado su conocimiento sobre cuestiones de género en conexión con proyectos de infraestructura a gran escala. El grupo tiene como objetivo incorporar una perspectiva de género más fuerte en su futuro trabajo ambiental y de derechos humanos, y compartir experiencias con otras organizaciones, regional y globalmente. Con el apoyo de GAGGA, AIDA ya está preparando un nuevo informe centrado en los impactos de las represas en la vida de las mujeres, que incluye un análisis de políticas y prácticas de género de las instituciones financieras internacionales, así como las experiencias y la valiente lucha de las mujeres de Ixquisis.