Mujeres guatemaltecas obligan al Banco de Desarrollo a investigar violaciones de políticas de género


Luego de una denuncia presentada por grupos de mujeres de Ixquisis, Guatemala, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ha iniciado una investigación sobre varias violaciones a sus políticas, entre ellas la política de igualdad de género. Esta es una oportunidad única para sentar un precedente, porque las denuncias sobre la política de género del BID son muy raras. Las mujeres de Ixquisis luchan por sus derechos con el apoyo de la Alianza Global para la Acción Verde y de Género (GAGGA).

Las mujeres acusan al BID de incumplir su Política de Sostenibilidad Ambiental y Social y tres Políticas Operativas—la de Medio Ambiente y Cumplimiento de Salvaguardas, la de Igualdad de Género en el Desarrollo y la de Pueblos Indígenas—en el proceso de aprobación de varios proyectos hidroeléctricos en su región: las represas Pojom I, Pojom II y San Andrés.

Los proyectos hidroeléctricos trastocan las comunidades y el medio ambiente

Las personas afectadas de la región de Ixquisis son principalmente mayas, incluidos los grupos étnicos Chu, Q’anjob’al y Akateko. La construcción de las presas ha causado graves daños ambientales y sociales, que han afectado la capacidad de la población local para mantener su estilo de vida tradicional.

Según las mujeres de Ixquisis, el problema más grave es que las represas han provocado escasez de agua y contaminación. La falta de agua también ha reducido drásticamente las cosechas, disminuyendo los ingresos obtenidos por la venta de maíz, trigo, frijoles, café, caña de azúcar y otros productos en el mercado. Los peces, camarones y caracoles ya no abundan. Como resultado, las condiciones de pobreza en la zona se han agravado.

Son las mujeres de las comunidades las más afectadas por la construcción de las represas Pojom II y San Andrés. Las enfermedades del estómago y de la piel se han vuelto más comunes, especialmente entre las mujeres, que se lavan ropa en el agua contaminada y los niños que juegan en los ríos. Esto ejerce aún más presión sobre las mujeres de las comunidades indígenas, ya que son ellas las que alimentan a sus familias y cuidan a las personas que se enferman en la comunidad.

Las mujeres tampoco se sienten seguras dentro de sus propias comunidades. Tienen miedo de caminar solas en la oscuridad, ya que son acosadas ​​por los trabajadores de la construcción de las represas y temen que se venguen, dando que son ellas quienes están la vanguardia de las protestas contra las represas.

Nueve comunidades mayas afectadas y organizaciones aliadas han estado protestando en contra de las represas durante seis años. Han realizado diversas gestiones ante las autoridades municipales, departamentales y nacionales para manifestar su disconformidad por el desvío de los ríos por parte de la empresa que controlan las represas.

De lo local a lo global: usar espacios internacionales para asuntos locales

Sin embargo, en Guatemala hay poco espacio para que la sociedad civil haga oír su voz e influya en la toma de decisiones del gobierno. Además, es muy peligroso ser defensora o defensor del medio ambiente en Guatemala. De hecho, en 2018 las personas asesinadas por defender su territorio y el medio ambiente se quintuplicó¹. Por lo tanto, la ONG AIDA ha intervenido para llevar la lucha de las mujeres contra las represas a nivel internacional. AIDA ha estado apoyando a las comunidades para fortalecer la capacidad de las mujeres y las organizaciones comunitarias para utilizar mecanismos de rendición de cuentas en las instituciones financieras internacionales de manera que puedan proteger sus derechos y el medio ambiente a través de capacitaciones y apoyo legal.

En agosto de 2018, las comunidades representadas por AIDA, junto con la Plataforma Internacional Contra la Impunidad y el Gobierno Ancestral Plurinacional de Q’anjob’al, Popti, Chuj y Akateko, presentaron una denuncia ante el Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación del BID (MICI) para exigir el retiro de su inversión en el proyecto.

El MICI aceptó la denuncia luego de recibir información y presión constante por parte de AIDA y las comunidades afectadas, y está realizando una investigación exhaustiva, incluida una visita a Guatemala a fines de 2019.

Cómo una denuncia puede conducir a un cambio de política

Aunque el informe final solo se publicará a mediados de 2020, el hecho de que esta investigación se esté llevando a cabo ya es una victoria. La violación de las protecciones de género no se ha discutido mucho en el MICI, ya que se han presentado muy pocas denuncias. Esto presenta una oportunidad para sentar un precedente al traer el tema a su atención, junto con las violaciones de las otras protecciones. AIDA espera que los hallazgos del MICI reafirmen su denuncia y que el MICI recomiende al BID que regule mejor sus proyectos y cumpla con sus propias políticas sociales, de género y ambientales. Una mejor implementación de estas políticas fortalecería las protecciones para las comunidades afectadas, especialmente para las mujeres, y mejoraría la sostenibilidad ambiental y social de las inversiones del BID.

Para las mujeres de Ixquisis, sin embargo, lo que importa es que hasta ahora el proyecto hidroeléctrico Pojom II no se ha construido. “Hasta ahora hemos logrado que no nos roben el río”, afirma Carla, una mujer de la localidad.

Relacionarse y aprender para fortalecer las voces y demandas de grupos y organizaciones que abogan por los derechos de las mujeres y la justicia ambiental

Una parte importante de GAGGA es la idea de “relacionarse para aprender” entre nuestras organizaciones socias. Al brindar a los grupos locales la oportunidad de intercambiar experiencias y conocimientos con otros grupos, ellos logran fortalecer sus capacidades de promoción y defensa y se sienten más fuertes gracias a la solidaridad y el apoyo internacional.

AIDA ha podido ampliar la red de las mujeres de Ixquisis dentro y fuera de su región. Por ejemplo, participaron en el congreso Mujeres y Agua en Nepal, se conectaron con otros grupos de mujeres en Guatemala y se reunieron con otras defensoras de derechos humanos en Colombia a principios de este año.

Además, el proceso de la denuncia también ha aumentado el conocimiento de AIDA sobre cuestiones de género con respecto a proyectos de infraestructura a gran escala. De ahora en adelante incorporarán una perspectiva de género más sólida en su trabajo en materia de derechos humanos y medio ambiente y compartirán sus experiencias con otras organizaciones, a nivel regional y mundial. Para ello, están trabajando en un informe en el que evalúan la efectividad del mecanismo de rendición de cuentas del BID. Este informe será un recurso útil para toda la red GAGGA y fuera de ella.

¹ Global Witness, Enfoque en la Criminalización de Activistas de la Tierra y el Medio Ambiente, 30/07/2019, disponible acá: https://www.globalwitness.org/en/press-releases/enfoque-en-la-criminalizaci%C3%B3n-de-activistas-de-la-tierra-y-el-medio-ambiente/.


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