La lucha por el agua de la Red de Ambientalistas Comunitarios de El Salvador (RACDES), a través de sus colectivos, abarca todo el país. El problema del acceso al agua potable había afectado principalmente a zonas rurales. Sin embargo, en el 2019, cuando asumió el nuevo gobierno, despidió a técnicos e ingenieros encargados de la potabilización del agua en la Planta Las Pavas, la cual suministra el 40 por ciento de agua que consume la población de San Salvador.
Las decisiones anteriores repercutieron en la calidad del agua de la ciudad. En enero pasado el agua que recibían los pobladores de San Salvador fue de mala calidad (color, olor y sabor desagradable), lo que desencadenó un movimiento urbano popular que organizó protestas y denuncias públicas. En una semana se dieron cuatro cierres de calles en lugares como Apopa, Ilopango y La Libertad.
A la población y sociedad civil les preocupa no solo la capacidad administrativa de los nuevos funcionarios en los cargos de administración del agua, sino también la reducción en un ocho por ciento del presupuesto para operaciones de la instancia gubernamental que administra el agua. Se teme que estas medidas estén encaminadas a privatizar el servicio de agua potable.
Por otro lado, lxs salvadoreñxs llevan más de una década de lucha por la aprobación por la Asamblea Legislativa de una Ley General de Agua. Las mujeres integrantes de la Red de Ambientalistas Comunitarios de El Salvador y organizaciones defensoras del agua, buscan que dicho instrumento legal garantice su derecho humano y una gestión pública y democrática en un país que enfrenta una importante crisis hídrica que se agrava diariamente por el avance del Cambio Climático. Parte de los aspectos que debería de contener y regular obligatoriamente la ley son:
Hasta el momento, la incidencia de la Alianza Nacional contra la Privatización del Agua, (de la cual RACDES forma parte), ha dado sus frutos al detener el proceso hacia la privatización de este bien común en El Salvador.
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