Mujeres indígenas contra megaproyecto

PUBLICADO EN VICE VERSA | 9 DE ENERO DE 2020 

Por Jan-Albert Hootsen

En medio de la inestabilidad política en Guatemala, con frecuencia las comunidades indígenas son víctimas de la contaminación ambiental e inseguridad resultado de los grandes proyectos de inversión. Las mujeres de la región indígena Ixquisis, quienes sufren las consecuencias de manera más severa, están en resistencia. Con la ayuda de las organizaciones civiles, recientemente lograron que se lanzara una investigación sobre el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Cuando le preguntamos a Liliana Ávila sobre su experiencia de los últimos años en Guatemala, hace una pausa y responde: “ha sido muy difícil, un reto enorme, pero al mismo tiempo una experiencia positiva y enriquecedora. He conocido a muchas mujeres y organizaciones que me han inspirado y me motivan a seguir luchando.”

Ávila es abogada especialista en derechos de las mujeres y medio ambiente. Vive en Bogotá, Colombia y trabaja en la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA). AIDA es una organización no gubernamental que tiene como propósito mejorar el medio ambiente de las comunidades locales en Centroamérica y Sudamérica.

Ávila apoya a las comunidades con asesoría técnica para investigaciones y servicios legales. En los últimos años ha trabajado a favor de los derechos de las mujeres de la región Ixquisis de Guatemala en su lucha contra la construcción de dos represas financiadas en parte por el BID.

“Muchas veces es difícil para las mujeres guatemaltecas participar en la vida pública, se espera que trabajen en la casa o en los cultivos, pero rara vez se escucha su voz,” dice.

Luchar por los derechos de las mujeres en una región donde son tan marginalizadas es relativamente nuevo.  En Ixquisis, las mujeres son protagonistas en la protección del medio ambiente y en la lucha por los derechos de sus comunidades.

Es por ello, por lo que los recientes éxitos de Liliana Ávila y AIDA son tan especiales. Al inicio del 2019, el Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación (MICI)– un ente (en teoría) independiente que responde a las denuncias contra la política interna del BID y, de ser necesario, las investiga – aceptó una queja  presentada por AIDA y las mujeres de las comunidades Ixquisis y envió a la región a  un equipo a investigar.

La queja alega que el BID autorizó la construcción de las represas sin una consulta pública adecuada, y transparente,  violando las políticas  internas del propio banco sobre la prevención de daños ambientales, y en contra los derechos de las mujeres y las comunidades indígenas.

“Según la política interna del BID, tales megaproyectos no pueden violar los derechos de la comunidad local, pero el monitoreo por parte del Banco sobre los mismos nunca es suficiente. Además de la falta de participación local y de consulta previa para  la construcción, así como los daños al medio ambiente; las represas han contribuido a que la región sea menos segura,” señala Ávila.

Medio ambiente, una necesidad básica para la sobrevivencia

Ixquisis está a un paso de la frontera entre Guatemala y México, y a 150 kilómetros al norte de Huehuetenango. Es una región montañosa y muy fértil, con un clima sub tropical, atravesada por ríos. Durante miles de años, Ixquisis ha sido tierra de los Chuj, Q’anjob’al, Atiteko y Mam,  representates del pueblo maya en esta región de Guatemala.

Son comunidades agrarias con una profunda y estrecha conexión con su tierra; la agricultura y la pesca son sus principales actividades económicas.

Para las comunidades locales =según Ávila= el agua es todo, tanto para consumo humano como el cultivo de alimentos. Lo utilizan para regar la tierra y pescar, para lavar sus cuerpos y su ropa.

En el 2010 la vida en Ixquisis se vio interrumpida cuando la empresa Promoción y Desarrollos Hídricos, ahora llamada Energía y Renovación, empezó a construir dos grandes represas en los ríos Pojom y Negro. Los proyectos Pojom II y San Andrés eventualmente generarán más de 20 mega watts de energía eléctrica y son financiados en parte por el programa BID Invest (Inversión BID), un brazo privado del Banco Interamericano de Desarrollo.  En total el BID está invirtiendo unos 13 millones de dólares (un poco más de 10 millones de euros) en ambas represas.

Las represas las construyen contra la voluntad del pueblo indígena Ixquisis. En 2009 las comunidades organizaron una consulta  y la población votó en contra de la construcción de los proyectos hidroeléctricos. Las comunidades mayas temen que este megaproyecto destruya el medio ambiente y dañe la economía como ha ocurrido con otros megaproyectos en Centroamérica.

Salud y seguridad 

Los temores sobre los megaproyectos se cumplieron. Según información compartida por AIDA, Las actividades de construcción ocasionaron casi inmediatamente una considerable disminución de la calidad del agua en los ríos locales.  Muchos químicos peligrosos terminaron en el agua, incluyendo materiales de desechos y petróleo utilizado por el equipo pesado.

Todo esto ha causado fuertes reclamos por el impacto en la salud de las comunidades locales, quienes aún continúan utilizando los ríos como su fuente principal de agua. Es posible que el daño económico sea aún mayor. Debido a la contaminación se han agotado las especies menores como el camarón y escarabajo de río afectando de esta forma  la pesca. El agua contaminada también presenta serios problemas para el riego de los cultivos, así como el cuido del ganado.

No solo la economía y la salud de las personas se ha visto afectada por la construcción de las represas, la seguridad también. Las mujeres han sido acosadas por quienes trabajan en el proyecto. Según Ávila la gente ya no se siente segura en las calles debido a hechos violentos que han sucedido a raíz de la llegada del proyecto.

La construcción de Pojom II y San Andrés inició sin que la comunidad fuese informada. Según AIDA, tampoco se les ofreció la posibilidad de expresar su resistencia a los proyectos en una consulta . “El BID nunca les informó debidamente a las comunidades sobre las posibles consecuencias de la construcción.  Las mujeres no participaron del todo” afirma Ávila.

Mujeres las más afectadas por el proyecto

Junto con los socios locales, AIDA se enfoca en particular en el apoyo para las mujeres Ixquisis, ya que son las más afectadas por la construcción de las represas: “Aunque se ve limitado su papel en la vida pública, las mujeres son la cabeza de sus hogares. Son las encargadas del agua, pescan y lavan la ropa. También son las más afectadas por el incremento en la inseguridad. Y si alguien se enferma debido al agua  contaminada, pues les toca a ellas cuidarlos.”

La denuncia presentada por AIDA y sus socios fue aceptada por el BID a finales de enero del 2019. El Banco envió un equipo de investigación a Ixquisis para determinar si se había violado su política ambiental, la consulta local, los derechos de las mujeres y pueblos indígenas. Es un avance importante, pero para Ávila es solo el comienzo.

“Es de suma importancia que las mujeres estén ahora suficientemente involucradas en el proceso. Le dan muchísima importancia a la defensa de sus derechos. El BID debe revisar su reglamento interno y darse cuenta de que hay otros métodos para producir la energía,” dice Ávila.

Colaboración estratégica

Lamentablemente las situaciones como la que enfrenta la región Ixquisis son muy comunes en Centroamérica. En el caso de las mujeres indígenas de Guatemala, aplica el proceso del consentimiento previo libre e informado, tal como lo establece la Declaración de la Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

Tamara Mohr de Both Ends, miembro de la alainza estratégica Global Alliance for Green and Gender Action (GAGGA), señala que inversionistas como el BID rara vez siguen el proceso establecido al autorizar los proyectos de construcción a gran escala, y tampoco asumen la responsabilidad por sus consecuencias negativas. “Las comunidades locales casi nunca están involucradas en la implementación de un proyecto. Intentamos estar involucrados lo antes posible para así asegurar que el proceso sigue como se debe, pero en muchos casos, el daño ya está hecho,” refiere.

Mohr es crítica del reglamento interno de los inversionistas como el BID. “Aún cuando los temas como la política de género están claramente expresados por escrito, la implementación sigue siendo un gran reto. Ellos piensan, nadie vive dónde vamos a construir, solo unas cuantas comunidades indígenas. En nuestra experiencia, los bancos ven demasiado complicado hablar con todo el mundo para asegurar que lleguen a acuerdos satisfactorios, también porque atrasa el proceso.”

Eso hace que la cooperación internacional sea fundamental, dice Mohr. “Es importante que se escuchen las voces de estas comunidades, para que no se sientan como víctimas de una situación que está fuera de su control. En Guatemala, tienen pocas posibilidades de hacer valer sus derechos, la única manera de hacerlo es a nivel internacional.”

Alianzas

Este proceso de queja recibe apoyo internacional de parte de GAGGA, una red de organizaciones locales, colectivos y organizaciones, organizaciones no gubernamentales, fondos de mujeres, y socioambientales. El objetivo de la alianza es aprovechar el conocimiento, los fondos y otros recursos para apoyar a las organizaciones en sus luchas. GAGGA es una de 25 colaboraciones estratégicas con el Ministerio de Relaciones Exteriores de Holanda. Es liderado por el Fondo Centroamericano de Mujeres (FCAM), en colaboración con Both ENDS y Mama Cash.

“Trabajamos principalmente por los derechos de las mujeres y la justicia ambiental l, basado en la idea de que son las mujeres de los grupos locales quienes toman el liderazgo. Saben lo que está pasando y tienen propuestas y una visión clara de cómo puede cambiarse el modelo económico basado en la explotación, el cual existe en muchas partes del mundo, como es el caso Ixquisis,” dice la coordinadora de GAGGA, Maite Smet.

A través de su red de organizaciones, GAGGA brinda con financiamiento, asesoría técnica y legal para apoyar a los movimientos locales con sus procesos legales y de apelaciones.

Sin embargo, Smet enfatiza que el apoyo para los socios va más allá: “Como red, podemos juntar a los grupos, colectivos y organizaciones de diferentes movimientos y niveles de trabajo. Eso es importante.”

De esta manera, a través de GAGGA, AIDA se conectó con el FCAM, un fondo de mujeres regional que brinda apoyo financiero y técnico a grupos locales y colectivos de mujeres luchando por los derechos de las mujeres en Centroamérica.  Esta relación ha fortalecido el trabajo de AIDA, que se enfoca principalmente en la justicia con relación al medio ambiente.

María Estelí del FCAM indica que aún persiste mucho machismo en Centroamérica, “es importante que las mujeres tengan su propio espacio, donde puedan pensar juntas en confianza sobre la manera en que los megaproyectos y la explotación de los recursos naturales impactan en sus comunidades y vidas. Especialmente en Ixquisis, muchas mujeres no hablan en público  o hablan muy poco español, hablan sus propios idiomas mayas. Hay muy poca investigación sobre las consecuencias de estos megaproyectos en Ixquisis y las otras regiones donde se están implementando. Las voces y las demandas de las mujeres indígenas quienes sufren las consecuencias de estos proyectos tienen que estar incluidas en la investigación realizada por el equipo. Hay que diseñar las estrategias y mecanismos para hacerlo posible.”

Fortalecimiento de políticas, consulta y participación de las mujeres

Según Liliana Ávila falta mucho para ganar la lucha. “A pesar de que se aceptó la denuncia presentada por las comunidades de Ixquisis, lo que es sin duda un avance significativo, lo importante en este momento es que la investigación del BID se realice de manera adecuada y que participen las mujeres de la región. El Banco ha encargado a un grupo de expertos de la investigación, y ninguno de ellos cuenta con el conocimiento requerido sobre el tema de género. Aún no han publicado su informe final. Creo que su política sobre el impacto en las mujeres no es suficiente rigurosa, pero estamos esperando que salga el informe final. Espero que lleve a las instituciones financieras como el BID a fortalecer sus políticas, para que dejen entrar las voces de las mujeres en el futuro.”

Tamara Mohr de Both Ends está satisfecha con que se haya realizado la investigación, sin embargo, advierte que es importante que las víctimas sepan que rara vez una denuncia detiene un proyecto: “Sólo puede resultar en indemnización para las víctimas, pero casi nunca es una solución para los problemas que enfrentan las comunidades en su vida cotidiana como resultado de un megaproyecto. Tenemos que prevenir que surjan esas consecuencias, en vez de realizar investigaciones que llegan demasiado tarde para tener un impacto real,” dice.

María Estelí del FCAM por su parte es optimista sobre el impacto que el trabajo en Ixquisis puede tener en la región: “Hemos aprendido mucho en los últimos años trabajando en este caso, creo que podemos aplicar estas lecciones aprendidas en otras partes de América Latina donde las comunidades locales están en resistencia y luchando en contra de los megaproyectos que tienen un impacto en el medio ambiente. Una experiencia positiva es cómo las distintas organizaciones trabajando por los derechos de las mujeres y del medio ambiente están coordinando, aprendiendo y fortaleciendo el impacto de sus estrategias.”

Gobierno de Giammattei

Para Guatemala, la cooperación internacional es muy importante, ya que el clima político para las organizaciones de mujeres y de medio ambiente no se está mejorando. El 14 de enero, se instaló el nuevo presidente ultraconservador Alejando Giammettei, ex gobernador del sistema penitenciario con estrechos lazos con el ejército y las élites del sector privado en el país. No es conocido como una persona con un fuerte interés en los derechos humanos, el medio ambiente, o la emancipación de las mujeres.

“El clima político puede convertirse en una situación aún más difícil. Pero Guatemala también es un país con una fuerte tradición de resistencia. Ha pasado por guerra civil y gobiernos de la extrema derecha, las comunidades originarias siguen ahí y siguen fortaleciéndose. Es maravilloso verlo, es una de las cosas que más me inspira en mi trabajo,” refiere Ávila.

La Global Alliance for Green and Gender Action (GAGGA) es una  alianza estratégico entre el Fondo Centroamericano de Mujeres (FCAM), Mama Cash, Both Ends y el Ministerio de Relaciones Exteriores de Holanda. El ministerio está brindando 32 millones de euros para el periodo del 2016-2020. El lema del consorcio es: ‘Fortalecer y unir las agendas para los derechos de las mujeres y la justicia ambiental – este es el momento!’