Hacia una COP que avance en la justicia climática y de género

Los líderes de más de 190 países, organizaciones internacionales, miembros de la sociedad civil y activistas están reunidos en Glasgow, Escocia, a propósito de la vigesimosexta Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26).

La conferencia está ocurriendo al mismo tiempo que el mundo está tomando conciencia de los impactos de la pandemia, que han golpeado con fuerza las economías nacionales y han sido especialmente devastadores para países y poblaciones ya vulnerables, como las mujeres y las niñas. Tal como lo indicó recientemente un informe de política de la ONU sobre los impactos del COVID-19: “En todos los ámbitos, desde la salud hasta la economía, desde la seguridad hasta la protección social, los impactos de la COVID-19 se exacerban para las mujeres y las niñas, simplemente en virtud de su género”.

Al igual que la pandemia, la crisis climática está exponiendo y amplificando aún más las desigualdades sociales y de género. El cambio climático ya no es un problema del futuro; cada año con más fuerza, las mujeres y las niñas de todo el mundo enfrentan sus peores consecuencias. Por consiguiente las decisiones que tomen los gobiernos en la COP26 son cruciales para el futuro del planeta. El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) ya ha señalado que “muchos cambios causados por las emisiones de gases de efecto invernadero, tanto en el pasado como en el futuro, son irreversibles” y que la situación es grave porque estamos cerca de un posible punto de no retorno.

El contexto en el que se enmarca esta COP26 exige compromisos serios de los Estados, que promuevan una acción climática con justicia de género y que contrarresten las inequidades históricas que han ocasionado los impactos sociales, ambientales y de género que vivimos. Por lo mismo, es indispensable avanzar por lo menos en estos tres aspectos:

1. Mantener el calentamiento global por debajo de 1,5 C, promoviendo la justicia de género

La producción de energía, de la forma en que históricamente se ha producido, ha generado graves impactos en los derechos de las mujeres y niñas de los lugares en donde estos procesos se producen. La extracción de gas, carbón y petróleo, y el desarrollo de soluciones climáticas engañosas como las represas hidroeléctricas a gran escala han generado graves impactos ambientales y sociales, han precarizado las condiciones de vida de las mujeres, aumentando sus cargas de trabajo no remunerado y generando nuevos y más marcados escenarios de violencias.

La transición a fuentes de energía bajas en emisiones de carbono debe significar más que un cambio de materiales; las formas en las que se produce la energía deben incluir la justicia de género, promover la participación de las mujeres en los procesos de toma de decisiones, generar escenarios de bienestar y garantizar los derechos de las comunidades en donde se produce.

En 2015, 145 países habían promulgado políticas y marcos legales para regular y promover las energías renovables, pero la gran mayoría de estos no incorporaron una perspectiva de género. Para que los estados puedan garantizar una transición energética justa, es fundamental que apoyen modelos comunitarios de producción, distribución y consumo de energía que centren los derechos y las voces de las mujeres. En Centroamérica, hay varios ejemplos de comunidades organizadas en torno a la construcción de pequeñas represas o turbinas que producen energía a nivel local sin los impactos ambientales y sociales provocados por las grandes represas.

2. Movilizar las finanzas climáticas para promover los derechos de las mujeres

Hace doce años, en la COP 15 en Copenhague, los países ricos prometieron que para 2020 US$ 100 mil millones de dólares serían entregados cada año a los países más pobres para ayudarles a adaptarse al cambio climático y mitigar aun más el incremento en la temperatura. Esta meta no se cumplió. Para promover esfuerzos de mitigación y adaptación justos, es necesario no solo que las naciones ricas cumplan con su promesa, sino que los fondos climáticos lleguen a los que realmente los necesitan: países, sectores, y poblaciones afectadas por el cambio climático.

Las voces, perspectivas y conocimientos de las mujeres deben ser centrales en las directrices para la gestión de recursos. Los fondos deben respetar estándares de derechos humanos, especialmente de comunidades locales y mujeres, y además deben contar con un sistema efectivo de rendición de cuentas que permita asegurar que los fondos están siendo usados responsablemente y de una manera que respete los derechos humanos, de las mujeres, de los pueblos indígenas y de las comunidades rurales.

3. Fortalecer las medidas para enfrentar las pérdidas y daños en el Sur Global

El artículo 8 del Acuerdo de París planteó las pérdidas y los daños – tales como el aumento del nivel del mar, los fenómenos meteorológicos extremos, los daños económicos a los medios de vida y el desplazamiento – como el tercer pilar de la acción climática, junto con la mitigación y adaptación. Este pilar ha sido esencialmente promovido por países vulnerables y movimientos sociales a lo largo del mundo que demandan que las pérdidas y daños se reflejen de forma efectiva en la agenda climática internacional como parte de una respuesta justa y sistemática para afrontar el cambio climático.

Las naciones del Sur Global, las comunidades y los grupos en situación de vulnerabilidad (especialmente las mujeres) ya están sufriendo los efectos más negativos, a pesar de ser los menos responsables, de la crisis climática. Por ejemplo, las mujeres mayas en la Península de Yucatán han experimentado la destrucción de sus cultivos e impactos negativos en sus medios de vida a causa de las temporadas de huracanas, que se vuelven cada año más fuertes. Las acciones de mitigación y adaptación ya no son posibles ante escenarios de pérdidas y daños que reclaman respuestas efectivas basadas en la responsabilidad histórica y la justicia.

Pese a la evidencia de los daños y el contexto de injusticia en el que estos ocurren, las negociaciones climáticas anteriores han avanzado poco en fortalecer este pilar y promover un marco que facilite compromisos financieros sólidos. La Aprobación del Acuerdo de Paris, indica claramente que el artículo 8 “no implica ni da lugar a ninguna forma de responsabilidad jurídica o indemnización.” Es urgente que los responsables políticos en la COP26 establezcan una ruta  para resarcir las pérdidas y daños que las mujeres y sus comunidades están sufriendo actualmente.

Hay un camino a seguir para mitigar los peores impactos de la crisis climática, pero solo es posible si los líderes mundiales priorizan urgentemente en la transición energética los derechos y las voces de las mujeres, movilizan fondos para las propuestas y soluciones climáticas lideradas por mujeres locales y compensan las pérdidas y los daños que experimentan las comunidades vulnerables a causa del cambio climático antropogénico. Las soluciones existen, solo queda actuar inmediatamente.

Liliana Ávila es la Abogada Principal del Programa de Derechos Humanos y Medio Ambiente de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA). AIDA utiliza la ley para proteger el medio ambiente y las comunidades que sufren daños ambientales en toda América Latina mediante la difusión de conocimientos, la elaboración de poderosos argumentos legales, el fortalecimiento de las políticas y la legislación y la creación de estrategias modelo para que las comunidades hagan cumplir la ley.

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