El Conflicto en Bajo Aguán

El conflicto ambiental en la zona del Bajo Aguán en Honduras ha estado activo por muchos años. Honduras es un país que cuenta con una gran reserva de recursos naturales pero la mayoría de ellos están en manos de solamente 3 poderosos terratenientes, dejando a familias campesinas en la pobreza, sin tierras, sin trabajo, ni alimento.

Al problema de la tenencia de la tierra se suman las concesiones mineras que el gobierno empezó a otorgar a diferentes empresarios de la élite hondureña a partir del año 2009, cuando ocurrió el golpe de estado.

La violencia también ha sido parte de este conflicto dado el contexto social y político de Honduras, considerado como uno de los países más violentos del mundo.

Según datos del informe “Honduras Elites and Organized Crime: Introduction” creado por la organización Insight Crime, esta violencia es llevada a cabo por organizaciones criminales transnacionales, grupos locales de narcotráfico, pandillas, fuerzas de seguridad corruptas, líderes políticos, y todos tienen una relación cercana con las élites del país.

Entre todos estos actores existe una red de colaboración que le permite a cada uno mantener sus poderes económicos, políticos y territoriales, una relación en la que ellos ganan y el pueblo pierde.

Es esta colaboración entre ellos la que ha permitido que los recursos naturales de la zona del Bajo Aguán se encuentren al día de hoy en las manos de pocas personas, que utilizan su influencia y poder para despojar a las familias campesinas de sus tierras, en la mayoría de los casos a través de la intimidación y la violencia.

La Minería, otro problema más

Uno de los problemas que generan las empresas mineras ha sido la división de la población, una táctica utilizada por los dueños de las minas para ganar apoyo y contar con personas locales que defienden los intereses de la empresa, lo cual genera violencia y choques entre los grupos que están a favor y los que están en contra del extractivismo, esto puede incluir desde amenazas de muerte, persecución judicial o crimen organizado de parte de la mina.

“Los proyectos mineros afectan a toda la sociedad. Afectan las zonas que son aptas para los cultivos destruyendo la capa fértil de la tierra, y esto genera escasez de granos básicos y crisis alimentaria a toda la población de la zona, estas actividades ocasionan epidemias, militarización, creación de crimen organizado y sicariato” relata Consuelo Castillo, quien pertenece a la Red de Mujeres Campesinas del Valle del Aguán.

La mayor afectación que ven las mujeres en sus vidas cuando llegan los proyectos mineros es la pérdida de sus tierras y la falta de fuentes de empleo, lo que ocasiona otra serie de problemas como la migración forzada para buscar maneras de sobrevivir en otros lugares.

También, sufren la limitación del acceso al agua, contaminación del medioambiente, violaciones a los derechos de las mujeres y la niñez, epidemias que ocasionan los químicos cancerígenos utilizados por las mineras y otras afectaciones de salud.

Las mujeres en la mira

La Red de Mujeres Campesinas del Valle del Aguán trabaja organizando a mujeres defensoras de derechos humanos y de la tierra. Llevan un registro de incidentes a defensoras que han sido agredidas por realizar su labor, brindan acompañamiento a víctimas de las empresas mineras, y al debido proceso de las denuncias. Asimismo, forman y orientan a las mujeres en las comunidades campesinas sobre las consecuencias de la industria extractivista a través de visitas y encuentros de mujeres.

“Nos organizamos como mujeres en las comunidades campesinas, plantones en instituciones estatales que deberían buscarle solución al conflicto. Cumbres, foros por el agua, conferencias de prensa. Denuncias públicas locales e internacionales, movilizaciones de mujeres para exigir la anulación de los decretos de leyes creadas para favorecer la destrucción de nuestro planeta” enumera Consuelo.

Su lucha no pasa desapercibida por lo que se han convertido en blanco de amenazas de muerte, intimidaciones, agresiones verbales, difamación y campañas de desprestigio, procesos judiciales, estigmatización y pérdidas de bienes, acciones que en algunos casos han ocasionado el desplazamiento forzado de las defensoras a causa de la inseguridad.

En el contexto hondureño, donde existe una persecución y acoso permanente a personas defensoras de derechos humanos por parte de los grupos de poder, que buscan silenciar cualquier voz disidente que consideran amenazante para sus intereses, los riesgos que corren las mujeres defensoras del medioambiente no son diferentes, pero ellas no se encuentran solas pues están respaldadas por una red de organizaciones que amplifican su voz y fortalecen su protección.

Pero con todos estos obstáculos aún no pierden la esperanza de que sus voces sean escuchadas y poder construir un mundo mejor para todos y todas, porque saben que su lucha es por la vida.

“Luchar por los bienes comunes es luchar por la vida de todos y todas, la defensa de los ríos es fundamental para conservar el agua sin contaminación para garantizar la vida en un ambiente sano para todas las vidas del universo” expresa Consuelo.