Las mujeres del Chaco boliviano proponen leyes municipales para abordar la crisis del agua

En Bolivia, las zonas rurales están habitadas principalmente por pueblos indígenas, cuyas tierras frecuentemente son usadas para el desarrollo y la explotación de hidrocarburos. Para ellos, la intensificación de la extracción de recursos ha significado la degradación de los ecosistemas y el deterioro de sus derechos territoriales y de su acceso a los recursos naturales.

El Chaco, una región del sureste de Bolivia donde el bosque seco se convierte en matorrales, se caracteriza por enfrentar temperaturas extremas, sequías prolongadas y escasez de agua. Esta región produce más del 60 por ciento del gas de exportación, que es la mayor fuente de ingresos del país. Como consecuencia, el gobierno de Bolivia, uno de los países más vulnerables al cambio climático, a menudo opta por poner la extracción de gas natural y del petróleo por encima de la protección de los pueblos indígenas y de sus tierras.

En épocas de sequía, los medios de subsistencia de las comunidades, su ganado y sus cultivos, se ven amenazados por la falta de agua. Esta escasez se agrava aún más debido a los impactos del cambio climático, que incrementa las temperaturas y alarga las estaciones secas, y a la explotación de hidrocarburos, que contamina y acaba con las fuentes de agua de las comunidades. La situación es particularmente difícil para las mujeres, quienes tienen que viajar largas distancias para acarrear agua debido a la división de las tareas del hogar en función del género—además de cumplir con sus responsabilidades tradicionales para con sus familias y la comunidad, lo que duplica, y hasta triplica, su jornada laboral.

Los gobiernos regionales, departamentales y municipales del Chaco son ricos en recursos económicos, pero en lugar de priorizar políticas para enfrentar la crisis del agua que afecta principalmente a las familias indígenas y rurales, están enfocados en la explotación de los recursos. En lo que atañe al Chaco boliviano, no existen políticas para regular o limitar la extracción de hidrocarburos ni existen políticas sobre el uso, preservación, manejo y conservación de las fuentes de agua. En tiempos de sequía extrema, la respuesta del estado es más reactiva que preventiva.

Preocupadas por la forma en que la contaminación y escasez de agua las afecta desproporcionadamente por su género, las mujeres campesinas, indígenas y obreras de los barrios urbanos populares en varios municipios se unieron para trabajar en un plan de gestión de riesgos. El plan tiene un enfoque preventivo y fue desarrollado en conjunto con la sociedad civil. Cuando fue enviado a las autoridades, estas asignaron presupuesto para un par de propuestas en el plan sin asumirlo por completo.

Este grupo de mujeres también aprendió sobre sistemas de captación de agua de lluvia en la región del Gran Chaco Americano y se llevó esta idea a Bolivia para poder almacenar agua durante la sequía. A partir de esta experiencia, las mujeres en Villa Montes trabajaron en una propuesta de políticas municipales para responder a la crisis del COVID-19, lo que también les dio la oportunidad de avanzar en su programa relativo al agua. La propuesta describe la provisión de sistemas de recolección de agua de lluvia para cada familia de manera que puedan mantener sus huertos y plantar árboles. Las mujeres también abrieron espacios de debate e incidencia a nivel local, departamental, nacional y regional para responder a la crisis del agua y planificar acciones conjuntas.

Ellas continúan trabajando en programas para:

• Consolidar su participación política plena, con paridad y libre de acoso y violencia política;
• Asegurar su autonomía económica, acceso a recursos, producción agroecológica, reconocimiento del trabajo de cuidado y políticas de cuidado para la igualdad;
• Abordar la violencia estructural de género de manera que se contemple la prevención, el acceso a la justicia y la autonomía de las mujeres sobre sus cuerpos; y
• Facilitar la adaptación al cambio climático con alternativas de subsistencia y armonización con los sistemas de vida, funciones ambientales, sistemas productivos sustentables y erradicación de la extrema pobreza.

Este grupo de mujeres defensoras del medio ambiente cuenta con el apoyo del Centro de Capacitación e Investigación de la Mujer Campesina de Tarija (CCIMCAT), que forma parte de la red GAGGA.