Mujeres en la Amazonía boliviana se organizan contra la exploración petrolera

Durante milenios, la cuenca del Amazonas en el norte de Bolivia ha sido habitada por más de veinte comunidades indígenas que han convivido con la selva y han construido sus casas a orillas de los ríos Beni y Madre de Dios. En los últimos cinco siglos, estas comunidades han sufrido la represión de diferentes procesos de colonización y las presiones ejercidas por la explotación y comercialización de sus recursos naturales. Primero fue el caucho y las pieles de animales, luego el oro y las maderas tropicales, y más tarde el petróleo, la ganadería y la coca.

Mediante un Decreto Supremo en octubre de 2015, el gobierno boliviano extendió la frontera de hidrocarburos al territorio indígena del pueblo cavineño. Entre 2016 y 2017, la empresa estatal boliviana dedicada a la exploración y explotación de petróleo y gas natural, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), ingresó en el territorio para realizar un estudio sísmico bidimensional. Este es un método que utiliza ondas sonoras extremadamente fuertes emitidas por poderosas pistolas de aire comprimido que penetran el fondo de la cuenca y detectan el tamaño y la ubicación de los depósitos de hidrocarburos. Día tras día, estas ondas sonoras, que sólo son superadas en intensidad por explosiones nucleares, son disparadas cada 10 segundos durante horas.

Los científicos han identificado cada vez más pruebas de que este ruido contamina todo el ecosistema e interfiere con los sonidos de los animales, lo que altera su capacidad para comunicarse, además de ahuyentar a los peces y cambiar su comportamiento, alterar los patrones migratorios y matar las huevas y los microorganismos que son cruciales para el equilibrio de la cuenca fluvial.

YPFB realizó su estudio sísmico sin cumplir con los requisitos mínimos para reducir su impacto socioambiental; por ejemplo, no obtuvo el consentimiento previo, libre e informado de las comunidades locales. Si bien la Constitución boliviana establece que esto es una obligación del Estado y un derecho de los pueblos, esta disposición no es vinculante y se viola con facilidad. Al ignorar este proceso, YPFB ocultó a las comunidades locales los riesgos e impactos que sus actividades tendrían en sus territorios.

Por si fuera poco, la empresa quiere ingresar una vez más y explorar otras zonas de los territorios de los pueblos cavineño y tacana cavineño para realizar otro estudio sísmico, lo que preocupa profundamente a las mujeres de la localidad. Los estudios sísmicos anteriores ya han causado considerables impactos sociales y ambientales en las comunidades indígenas, las cuales ya eran vulnerables al cambio climático. Al igual que el resto de Bolivia, estas comunidades están experimentando consecuencias del cambio climático, tales como el aumento de las temperaturas, estaciones secas más prolongadas y la escasez cada vez mayor de agua.

La venta de castañas es su principal fuente de ingresos, pero debido a las altas temperaturas, las castañas están cayendo antes de madurar y se están secando. Una mujer de la comunidad relata: “Aun cuando es época de lluvias, el clima está muy caliente—llega hasta los 38 grados, cuando antes no subía de los 35, 36 grados— [y] las plantaciones se secan, los ríos se secan y se mueren los pescaditos”.

La principal fuente de alimentación de los cavineños y tacanas cavineños son los peces que habitan las aguas sagradas de la zona. En 2020, uno de los principales lagos de la comunidad se secó por primera vez y una gran cantidad de peces murieron en los ríos y lagos locales. Una mujer de la comunidad también cuenta: “Primero se veían los monos, la pava, cuando uno va por el camino que lleva a esas comunidades. Ahora no aparece ni un animal”.

Buena parte de las actividades cotidianas de las mujeres indígenas de esta zona gira en torno a la recolección de castañas y al Río, donde lavan, pescan, recolectan agua, se bañan y se reúnen en un espacio íntimo—pero este modo de vida está en peligro; la llegada de la empresa significa que los castañares que solían frecuentar libremente están siendo usados para abrir caminos para el estudio sísmico y ellas sienten que el espacio que hasta ahora había sido suyo está siendo invadido por desconocidos.

La Organización de Mujeres Indígenas Norte Amazónico de Bolivia (OMINAB), conformada por mujeres que representan a los cavineños, tacanas y otros pueblos locales, es un grupo que busca salvaguardar los derechos de las mujeres indígenas y el respeto a sus territorios. La OMINAB ha organizado capacitaciones para ampliar sus conocimientos sobre los estudios sísmicos y sus impactos ambientales y sociales, ya que no fueron informadas adecuadamente por el gobierno ni por la empresa. Su principal objetivo es reunir a mujeres indígenas representantes de todas las comunidades y fortalecer sus capacidades para participar en la toma de decisiones que afectan sus vidas y territorios.

“Las mujeres de OMINAB queremos cuidarnos, como mujeres, comunidades y pueblos amazónicos. No queremos más explotaciones en nuestro territorio que están causando daños a nuestra agua, nuestra tierra y a nosotras las mujeres. Queremos vivir tranquilas; queremos vivir bien”, dice una miembro de OMINAB.

La movilización y las demandas de los pueblos indígenas y rurales de Bolivia han llevado al Estado a adoptar, en el papel, avances significativos a su favor, como designar las tierras indígenas autónomas o comunitarias “Tierras Comunitarias de Origen” (TCO). Si bien la Constitución de Bolivia de 2009 garantiza a los pueblos indígenas los derechos a los bienes naturales de sus tierras, en la práctica, el gobierno ha priorizado la apertura comercial del país y el aumento de concesiones para la explotación de hidrocarburos, incluso en territorios indígenas y áreas protegidas.

El 55 por ciento de los bosques y selvas de Bolivia se encuentran en las TCO de las tierras bajas, donde los pueblos indígenas desempeñan un papel fundamental en la conservación del agua, los bosques y la vida. Sin embargo, los pueblos indígenas amazónicos siguen enfrentando muchas presiones económicas y amenazas a su territorio, por lo que deben organizarse para defender sus tierras y su modo de vida mientras luchan por satisfacer sus necesidades diarias y enfrentan múltiples obstáculos para vivir una vida pacífica y digna.

OMINAB es apoyada por el Fondo Acción Urgente para América Latina y el Caribe, que forma parte de la red GAGGA.

Illustración por @Naandeyeah.